La Ley Laboral Trans en Uruguay y Argentina

Marilina Pacheco, Josephina Herrera, Paloma Catalá

La realidad de las personas trans, en ambos países, tienen un común denominador: el atropello a sus derechos adquiridos después  de varios años de lucha y la nula voluntad política para implementarla. La ley es necesaria para que la prostitución no sea la única salida para subsistir.

El cupo laboral travesti-trans fue una iniciativa de la lider travesti y activista por los derechos humanos Diana Sacayán, quien decidió implementar esto como una estrategia para atenuar la exclusión de sus compañeras.  Las cifras son reveladoras ya que el 98% de la población trans no tiene un trabajo formal y deben subsistir en la prostitución, sufriendo en muchos casos violencia y detenciones ilegales. 

La ley 14.783 se aprobó en la Legislatura de la  provincia de Buenos Aires el 17 de septiembre de 2015 sin embargo, un mes después, Sacayán fue asesinada en su departamento del barrio porteño de Flores, en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy en día, el gobierno provincial sigue sin reglamentar la ley  por lo que es imposible su aplicación correspondiente. “Fue una decisión política que el cupo no se haya cumplido”, declaró Say Sacayán, hermano de Diana y líder del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), en una entrevista. Este hecho demuestra la negligencia por parte del Estado de no abordar la problemática de las personas trans de un manera integral. 

El 18 de agosto del año pasado se presentó, en el Congreso de la Nación Argentina, el proyecto de Ley de Cupo Laboral para las personas trans que busca destinar el 1 % del empleo público. Fue avalado por la firma de más de 40 diputados de seis bloques legislativos, a instancias de la diputada nacional Mónica Macha, por Unidad Ciudadana. Sin embargo, el Consejo de la Magistratura de la ciudad nunca reglamentó la ley a pesar de recibir numerosos fallos judiciales que no tuvieron éxito.

Por otra parte, en julio la comunidad trans de Uruguay tuvo su primer llamado a ocupar tres puestos de trabajo en la empresa estatal Obras Sanitarias del Estado (OSE) mediante postulaciones por la página web del organismo. La Ley Integral para Personas Trans, votada en el Parlamento en el 2018, insta a los organismos estatales a destinar también el 1% de puestos de trabajo a esta población. Además de plantear medidas para integrarlas en otros ámbitos y así promover la inclusión.

Sin embargo, en el mes de agosto de este año se intentó derogar la ley mediante un pre-referéndum aplicado por una coalición de organizaciones principalmente religiosas (iglesias evangélicas), lideradas por el diputado (suplente) Carlos Iafigliola, quien se oponía totalmente a esta ley. Este pedido fue rechazado ya que tuvo sólo una adhesión del 10%. “Los Derechos Humanos no se someten a plebiscitos”, dijo Collette Spinetti, activista por los derechos de las mujeres trans por UTRU (Unión Trans del Uruguay) luego de conocer los resultados para derogar el texto legislativo aprobado en el año 2018. “La ley trans fue una lucha de recorridas y concientización, esto fue una conquista del pueblo uruguayo que mostró conciencia social por los derechos y que nadie va a mentirle ni generar discursos que atenten con la integridad de las personas y su pleno desarrollo. La gente que votó por el referéndum fue la misma que votó por derogar la ley de interrupción del embarazo, son grupos antiderechos”, aseguró Spinetti. También mostró su disposición para acompañar a cualquier otra lucha que surja de hacer justicia: “hoy es el movimiento trans, en otro momento será otra lucha y siempre  estaremos ahí para apoyarlos”, finalizó.

La historia de lucha por parte de esta población vulnerada en el país oriental, comenzó en el año 2009 cuando se sancionó la Ley de Identidad de género. Más adelante, durante octubre del 2018, se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley Integral para Personas Trans que establece los derechos al trabajo, la vivienda y las intervenciones quirúrgicas. A su vez, distintos colectivos juntaron firmas en el marco de la campaña “Ley Laboral Ya” que contó con un alto apoyo de la población.

“Como primera medida debería sancionarse la ley, y en nuestra provincia tendría que haber voluntad política de la gobernadora Vidal para reglamentarla pero aún no sucedió”,  señaló la activista trans y candidata a diputada por el Frente de Todos, Paula Arraigada. Asimismo, sostuvo que la educación, la salud y el trabajo son derechos elementales que tienen que ser garantizados por el Estado para todas las personas. “Esperamos que en la próxima gestión se sancione el cupo laboral trans-travestis para que las compañeras puedan tener un promedio de vida diferente al que tienen hoy de 35 años”, expresó la candidata y finalizó: creemos que el próximo gobierno va a tener la voluntad política de enviar al Congreso el proyecto de Ley para que sea ratificada y una vez sancionada se cumpla”.

Otra de las voces que opinó sobre la inclusión laboral es Diana Soto, referente del Hotel Gondolín, una pensión para personas trans en Villa Crespo: “el cupo laboral trans está en ´stand bye´ y lo más importante es que haya trabajo para la comunidad de forma legal”. También sostuvo que son personas aptas y capacitadas para trabajar, aunque hoy en día están muy lejos de lograrlo e hizo hincapié en la necesidad del estudio como una herramienta fundamental para todas las mujeres trans. Les digo a todas las compañeras que esta lucha es para la nueva generación que está viniendo en camino, concluyó Soto.

En tiempos de igualdad, ambos países, lograron acciones en materia de derechos humanos para las personas trans para así, terminar con la estigmatización que sufre esta minoría. Pero todavía falta un largo camino que recorrer para lograr la aceptación total de parte de la sociedad y la voluntad política que hace oídos sordos, tanto en suelo argentino como uruguayo.

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